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La historia detrás de la historia de Alejandra de la Vega y el mercado gasolinero en Ciudad Juárez

Una sospecha ante la evidencia física a la vista de toda la comunidad llevó a Gabriela Minjáres, Rocío Gallegos e Itzel Ramírez a realizar la investigación periodística que derivó en la publicación “Desde el poder, Alejandra de la Vega va por el mercado gasolinero”.

Era innegable que la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del gobierno de Javier Corral Jurado y miembros de su familia estaban expandiendo su negocio gasolinero desde que ella llegó al cargo.

Las periodistas pasaron por múltiples facetas y estados de ánimo durante los siete meses que duró la investigación, situaciones normales en un trabajo de tal magnitud.

El artículo fue publicado en La Verdad de Juárez el pasado viernes 7 de enero, auspiciado por el El Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte y replicado por diversos medios nacionales.

La publicación revela que “al amparo del poder acumulado durante décadas y consolidado desde su posición como secretaria de estado en Chihuahua, Alejandra de la Vega Arizpe ha aprovechado todos los márgenes de la ley para competir por un mercado multimillonario en la frontera: la gasolina”.

Conforme a lo que las periodistas chihuahuenses dan a conocer, más de la mitad de los permisos con los que actualmente cuenta Almacenes Distribuidores de la Frontera, empresa en la que son accionistas Alejandra de la Vega, su madre y hermanos, se gestionaron y obtuvieron cuando Alejandra ya era funcionaria estatal.

Con conocimiento pleno del Reglamento para la Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicios para el Municipio de Juárez, explica Rocío Gallegos, se percataron de que probablemente existían faltas a la regulación municipal por parte de la familia de la Vega, e iniciaron el pre reporteo.

 

La beca de producción periodística del Border Hub abrió las puertas a que propusieran el trabajo para obtener los recursos económicos para desarrollarlo.

Gabriela Minjáres recuerda que justo cuando se les notificó que recibirían la beca se reveló que había un litigio entre los grupos gasolineros en Ciudad Juárez, lo que les hizo pensar que ese hecho afectaría su hipótesis y el desarrollo de su investigación, sin embargo, pasó lo contrario.

“Cuando vimos que realmente no se estaba tratando a fondo en los medios (el conflicto de interés) y no se estaba investigando la hipótesis que nosotras nos habíamos planteado, nos convencimos de que teníamos que continuar. De hecho, fue como un estímulo”.

Poder indagar en una historia viva ha sido una experiencia interesante, considera Itzel Ramírez, ya que a medida en que iban reporteando descubrían más información y, al mismo tiempo, se enteraban de otros datos que iban surgiendo de manera paralela.

“Nos dimos cuenta de que no estábamos cerradas en la hipótesis y de que había un asunto mucho más de fondo que tenía que ver con un conflicto de interés, con un doble papel de un personaje súper importante en la entidad”, dice Itzel.

Ello las llevó a enfrentarse al estrés de ver cómo la historia crecía cada día ante nuevos hallazgos y la premura de publicar.

Rocío Gallegos analiza que uno de los mayores retos a los que se enfrentaron fue mantener la investigación en medio de un caso que se seguía de manera pública en los medios de comunicación.

“Había un conflicto entre gasolineros que estaba siendo de manera frecuente manejado por los medios, entonces el reto era mantener la investigación en medio de eso, mantener la investigación en medio de buscar información de un proceso judicial, porque teníamos que empezar a buscar acceso a documentos públicos de tribunales de la Judicatura”, recuerda.

Se enfrentaron a lo desconocido, añade, pues conocieron procesos y espacios en los que no tenían idea que podían tener acceso a documentos públicos. Buscaron apoyo externo.

 

“Eso nos hizo rodearnos de expertos, de abogados, que nos orientaron, que nos decían ‘pueden buscar aquí’, que nos ayudaron a entender. Eso nos llevó mucho tiempo”, detalla Gallegos.

Tampoco fue fácil obtener las posturas de los involucrados, como la de la familia De la Vega. Pasaron cuatro meses para que les concedieran una entrevista.

La funcionaria respondió muy brevemente sus preguntas sólo cuando estuvo en una conferencia de prensa, que fue aprovechada por las reporteras para hacerle los mínimos cuestionamientos, dejando de lado las preguntas preparadas previamente.

Por momentos el trabajo se veía frenado ante el cerco que construyen las autoridades sobre personajes tan poderosos, señala Gabriela Minjáres, “era complicado tener acceso a entrevistas, que nos pudieran explicar las cosas desde la óptica del gobierno”.

La búsqueda por medio de solicitudes de información en los tres niveles de gobierno y en el sistema de transparencia, así como en los registros públicos, fue  básica para obtener la información que llevaría a construir el artículo que finalmente se publicó. 

“Lo que yo rescataría de este trabajo, es que mucha de la información fue obtenida del sistema de justicia, o sea, realmente empezamos a observar y también eso nos permite conocer, cómo está el nivel de transparencia de estos órganos, del sistema de justicia penal”.

 Y aprendieron a sistematizar la información gracias a la dirección de su editora, Daniela Guazo.

Gabriela destaca que la sistematización fue crucial en una investigación tan amplia, tan técnica y con información en constante movimiento.

“Creo que fue uno de los grandes aprendizajes, que incluso, tengo que reconocer abiertamente que Daniela Guazo nos dio este acompañamiento, nuestra editora. Nos recomendó desde el principio sistematizar la información para no ir perdiendo datos y poder tener muy claro hacia dónde íbamos. Hacer prácticamente un análisis forense de los documentos que teníamos, como para tener muy claro que al momento de que íbamos a obtener información o entrevistas, teníamos el dominio del tema, sobre todo porque es mucho muy jurídico, mucho muy técnico”, comenta Gabriela.

El reportaje en el que participaron otras dos mujeres, la videógrafa Alicia Fernández y la diseñadora Regina García; y un hombre, el fotógrafo Rey R. Jauregui, fue minuciosamente cuidado también en la redacción y el diseño.

“Hubo párrafos que nos llevaron hasta seis horas, porque buscábamos blindar cada párrafo, de verdad buscamos que cada párrafo estuviera respaldado, blindado. Cuidamos mucho los términos, los analizamos. Buscábamos no cometer excesos porque sabemos que hay mucha violencia jurídica en contra de los periodistas.

“Creemos que está respaldado todo. Era nuestro propósito principal”, señala Gabriela.

Al momento el Gobierno del Estado sólo ha emitido un escueto comunicado defendiendo a la funcionaria, comenta Rocío Gallegos, sin embargo, del otro lado de la frontera ya ha habido algunas reacciones celebrando la revelación de los actos de corrupción del lado mexicano.

Estarán a la expectativa, dice, sobre el impacto que pueda tener, no solamente con una reacción sino con un hecho.

“Ojalá se dé ese paso. Estaremos atentas a esto e incluso estaríamos atentas a ver si cualquiera de las partes que se mencionan quiere compartir algo, sobre todo de la parte que no quiso atendernos, del grupo gasolinero que impugna a Alejandra, ojalá quisiera tener posicionamiento también público”, sostiene Rocío.

Cabe recordar que Almacenes, empresa de Alejandra de la Vega, enfrenta al menos tres procesos judiciales promovidos por empresas gasolineras.

“Dos de estos procesos son promovidos por ocho empresas gasolineras, entre las que se encuentran la de Pedro Zaragoza Fuentes, el mayor propietario de estaciones de servicio en la entidad con la marca Bip Gas; así como Gaso Mex de la familia de Eduardo Fuentes Varela, empresario gasero; y la del dirigente local de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Fernando Carbajal Flores”, detalla el reportaje de La Verdad.

El 17 de febrero, La Verdad dio a conocer que el reglamento que regulaba la ubicación y operación de las gasolineras en Ciudad Juárez, Chihuahua, quedó sin efecto a partir del sábado anterior, “cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo que tomó el jueves el Ayuntamiento de Juárez para eliminar la normatividad que derivó en la clausura de las estaciones Arco de Alejandra de la Vega y su familia”.Según la publicación, la iniciativa para abrogar el Reglamento Para la Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicio para el Municipio de Juárez fue propuesta al Ayuntamiento por el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, quien pidió la dispensa para que fuera votada sin dictamen previo en comisiones.

“La propuesta se enlistó en la sesión ordinaria de Cabildo del jueves 6 de febrero, pero se suspendió porque un juez de distrito concedió la suspensión provisional a un ciudadano que tramitó un amparo en contra de la derogación del reglamento.

“Ante el freno impuesto por un juez federal, el Municipio promovió un recurso de queja resuelto a su favor por magistrados federales, por lo que el jueves 13 de febrero convocaron a sesión extraordinaria de Cabildo para reponer la propuesta del alcalde que fue aprobada por 15 votos a favor y dos en contra”, detalla la nota informativa de La Verdad.

Apenas un día después de que el Cabildo de Juárez decidió abrogar el reglamento, el gobernador Javier Corral ordenó su publicación en el órgano de gobierno, donde apareció en la edición del sábado 15 de febrero.

Ve la investigación especial "Desde el poder, Alejandra de la Vega va por el mercado gasolinero"

https://www.borderhub.org/noticias-especiales/desde-el-poder-alejandra-de-la-vega-va-por-el-mercado-gasolinero/