Ambos reporteros se apersonaron en decenas de ocasiones en la escena del crimen, cubriendo homicidios en Tijuana como reporteros durante los últimos años. Ante sus ojos, la espiral de violencia crecía, sin que nada pareciera poder pararla.

Durante sus coberturas, ambos comenzaron a escuchar de la autoridad, cada vez con más frecuencia, que la mayoría de las ejecuciones, entre 80 y 90 por ciento de ellas, estaban relacionadas con el narcomenudeo. 

Las cifras de homicidios y la explicación por parte de la autoridad se instalaron en las mentes de Daniel y de Vicente, también la inquietud de saber si la explicación tenía sustento.

Decidieron entonces proponer al Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte un reportaje que les permitiera averiguar si, efectivamente, la mayoría de los asesinatos estaba relacionado con la venta de drogas.

También querían saber, entre otras cosas, qué estaban haciendo las autoridades para contener el narcomenudeo, para reducir, en consecuencia, la escalada de muerte.

La propuesta fue aceptada por el Border Hub y, después de ajustes a la hipótesis de trabajo, ambos reporteros comenzaron a investigar.

Después de meses de trabajo, en los que combinaron la faena diaria con su proyecto de investigación, Vicente y Daniel produjeron un documento que expone las fallas de un sistema de procuración de justicia incapaz, hasta ahora, de detener la ola de muerte que enluta a Tijuana desde hace mucho tiempo.

Entre 2015 y 2019 se cometieron en Tijuana 8 mil 102 homicidios dolosos, de acuerdo con la Fiscalía General de Baja California.

En 2015 el número de asesinatos intencionales en la ciudad fronteriza llegó a 674. El año siguiente, 2016, cerró con 919. 

En 2017 la cifra aumentó a mil 782. Después, en 2018, escaló a 2 mil 519 y el año pasado se contabilizaron 2 mil 208 homicidios. 

Son cifras que esbozan el nivel de violencia que ha padecido esta ciudad fronteriza de 1.8 millones de habitantes.

La mayoría de las víctimas de homicidio, de acuerdo con la fiscalía del estado, serían vendedores de droga que quedaron en medio del enfrentamiento que mantienen en Tijuana los cárteles de Sinaloa, los remanentes del cártel Arellano Félix y el cártel Jalisco Nueva Generación.

Todo, por el control del narcomenudeo en las colonias de la ciudad.

Vicente Calderón entrevistando a personas en las calles de Tijuana.

Daniel Ángel Rubio, de Tijuanapress.com durante operativo policiaco en Tijuana.

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El nuevo sistema de justicia penal acusatorio entró en vigor en junio de 2016 en los cinco municipios del estado de Baja California. Entre esa fecha y agosto de 2019 se cometieron en Tijuana 6 mil homicidios, de acuerdo con cifras oficiales.

A través de solicitudes de acceso a la información que dieron lugar a extensas bases de datos, Daniel y Vicente pudieron averiguar que en ese periodo fueron detenidas en Tijuana 12 mil 308 personas que, por encontrarse en posesión de drogas, podían ser procesadas por narcomenudeo si un juez así lo consideraba.

Del total de detenidos, sólo mil 254 llegaron ante un juez, es decir, sólo el 10 por ciento.

La investigación arrojó que, del total de procesados en el periodo analizado, sólo 182 recibieron una sentencia, pero no por narcomenudeo, sino por posesión de drogas simple.

De acuerdo con el nuevo sistema penal aplicado en Tijuana, todos los detenidos por posesión de drogas pueden enfrentar su proceso, si se produce, en libertad, pagando una fianza o acogiéndose a los beneficios que la ley otorga a las personas adictas a las drogas.  

Ni una sola persona, ni una sola, fue sentenciada en Tijuana entre junio de 2016 y agosto de 2019 por narcomenudeo, el delito con el que, según las autoridades, está relacionado hasta el 90 por ciento de los asesinatos en esa ciudad.

El reportaje arrojó más datos que ayudan a entender la crisis del sistema de procuración de justicia en Tijuana.

De las 12 mil 308 personas consignadas ante la fiscalía por delitos relacionados con drogas en el periodo analizado por los reporteros, un total de 4 mil 565 ya habían sido detenidas por el mismo delito en el pasado. De todas ellas, el 56 por ciento tenía en su historial criminal entre tres y 13 aprehensiones previas por cometer el mismo delito. 

“Puerta giratoria”, le dicen; una cadena de impartición de justicia que está rota.

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A través de su investigación, Vicente y Daniel pudieron identificar los eslabones en la cadena de fallas del sistema. El más elemental de ellos estaba relacionado con la actuación de la policía durante las detenciones.

El análisis que los reporteros hicieron de los arrestos arrojó que en la mayoría de los casos la policía presentaba una misma versión de la aprehensión para varios casos, o recurría a explicaciones fuera de la ley para justificar las detenciones: como el hecho de que los detenidos hubieran estado orinando en la calle o que los sospechosos hubieran corrido al ver la presencia de los uniformados.

Armados con reportes policiacos con esas fallas, los ministerios públicos tienen pocos elementos para convencer a los jueces de que los detenidos deben ser procesados.

Con pruebas endebles, irregularidades durante las detenciones y obligados a honrar la presunción de inocencia (como lo exige el nuevo sistema de justicia penal), los jueces terminan con pocos elementos para justificar una sentencia o se ven obligados a desestimar los cargos tras encontrar indicios de que las detenciones fueron ilegales. 

Finalmente, el nuevo sistema de justicia permite a los jueces llegar a acuerdos con los inculpados para aceptar tratamientos contra su adicción en lugar de pisar la cárcel.

Con frecuencia, los acusados aceptan los tratamientos para evitar ir a prisión, aunque no existe la infraestructura para que la desintoxicación se realice efectivamente, como comprobaron Daniel y Vicente.

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Un día, durante su investigación, los reporteros llegaron a una colonia donde días antes habían asesinado a seis personas.

Se trataba de un picadero donde se vendía droga. Ellos querían hablar con los vecinos y con el único sobreviviente del ataque.

Mientras esperaban que se diera alguna entrevista, llegaron al lugar los cobradores de una tienda departamental que venían a exigir pagos atrasados a uno de los habitantes de la casa.

Cuando se dieron cuenta de que el lugar correspondía al domicilio donde había ocurrido el multi-homicidio, los cobradores subieron a su vehículo y desaparecieron en segundos.

Vicente y Daniel querían entender mejor las condiciones de vida que llevan a cientos de jóvenes a trabajar como narcomenudistas para los cárteles que operan en Tijuana, poniéndose en medio de un fuego cruzado que reduce, de manera importante, las posibilidades de que salgan de la batalla con vida.

Fue difícil, dice Vicente Calderón.

“No hay mucha gente dispuesta a hablar sobre el narcomenudeo y la gente que lo hace, lo hace con muchas reservas. Hay un estigma (sobre ellos). La ciudad tiene tres años consecutivos rompiendo su propio récord de homicidios y la autoridad insiste en que 80 o 90 por ciento de esas muertes tienen que ver con narcomenudeo. Nadie quiere hablar”.

Conocer más la perspectiva de los narcomenudistas, la mayoría de ellos adictos a las drogas, fue una de las tareas que quedaron incompletas en la investigación, reconocen los reporteros.

Sin embargo, la investigación de Vicente y Daniel para el Border Hub evidencia con puntualidad las debilidades de un sistema de procuración de justicia que explican por qué Tijuana sigue ocupando los primeros lugares en la funesta lista de ciudades con más homicidios en el país.

Daniel asegura que, durante su investigación, pudieron constatar que hay policías, ministerios públicos y jueces totalmente comprometidos, que quieren hacer su trabajo. “Pero el sistema, simplemente, no los deja”.

El periodista Vicente Calderón de TijuanaPress.com.

La entrevista con los reporteros:

¿De dónde surge la idea de esta historia?

Daniel: De estar siguiendo todos los días las notas de homicidios y ver que no pasaba nada. Es una espiral de violencia en la que no había ningún cambio. También surgió de escuchar permanentemente a las autoridades decir que la mayoría de los asesinatos estaban relacionados con el narcomenudeo. En principio fue eso, intentar corroborar que lo que nos estaban diciendo era cierto. Y terminamos encontrando que tenían razón en esa parte, en el diagnóstico, aunque no se estaba avanzando mucho en una solución.

Vicente: Cuando íbamos a una de estas escenas del crimen, podíamos encontrar indicadores de que lo que estaba diciendo la autoridad tenía cierta validez, pero no teníamos una manera de confirmar si realmente había esta vinculación entre las víctimas y los perpetradores de los homicidios y la venta de droga. No sabíamos si era una forma fácil, por parte de la autoridad, de evadir su responsabilidad: decían que se estaban matando entre delincuentes, una justificación que hemos escuchado históricamente en nuestro país.

Antes de comenzar su proyecto tuvieron que hacer ajustes a su hipótesis. ¿Qué pasó?

Vicente: No sabíamos, no entendíamos la complejidad del asunto, por eso nos costaba trabajo adaptar la realidad que veíamos aquí en Tijuana al rigor metodológico del Border Hub. Lo que tuvimos que hacer fue desmenuzar la problemática, porque este asunto no tiene solamente un actor, tiene varios: las corporaciones policiacas, el ministerio público, el nuevo sistema de justicia penal… Son todas las piezas de un engranaje que se llama sistema de justicia.

Tuvimos intensas conversaciones entre el equipo del Border Hub y nosotros acá en Tijuana Press. Finalmente pudimos identificar al actor en el que parecía recaer la mayor responsabilidad, la policía municipal y su manera de realizar las detenciones.

Definir mejor la hipótesis fue una enseñanza edificante. A veces tienes una buena nota, pero no sabes cómo plantearla. Tenemos que trabajar cada vez más en eso. Al final creo que se resolvió bien el asunto, pero fue un tema del que aprendimos mucho.

¿Cuáles fueron los mayores problemas que enfrentaron durante la investigación?

Daniel: Una parte compleja fue entender el proceso completo. Una vez que las personas son detenidas entran a esta maraña del sistema. Tuvimos que entender a cabalidad el proceso, para identificar el momento en que una persona detenida por posesión de droga se quedaba en el camino. Tuvimos que entender los términos en las sentencias, eso fue complicado. También tuvimos que entender más el trabajo con bases de datos, no teníamos experiencia en eso, pero logramos hacerlo gracias a la guía que recibimos.

Vicente: Nosotros estábamos acostumbrados a lidiar con el sistema penal anterior, pero desde hace algunos años, el gobierno federal, que era el que investigaba narcotráfico, le pasó la responsabilidad a los gobiernos estatales. Otro cambio importante fue la transición del sistema de procuración de justicia tradicional al sistema acusatorio, que permite nuevas formas de negociación o de resolución de conflictos con los que no estábamos familiarizados. Todos esos cambios fueron difíciles de entender.  

¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes de su proyecto?   

Daniel: Descubrir la ineficiencia del sistema, al menos de algunos de sus operadores. Digo algunos, porque encontramos gente comprometida, policías, ministerios públicos, jueces, que quieren hacer su trabajo, que ven el problema en el que estamos envueltos porque lo viven día a día, pero el sistema no les permite hacer su trabajo, por la falta de infraestructura, por la frecuente deficiencia en algunas de las investigaciones. 

Vicente: La investigación pone los puntos sobre las íes con relación a la simulación del sistema de justicia en México. Este problema es añejo. En el país se hacen leyes, se hacen programas, se crean fiscalías especiales, pero es para decir que se atiende el problema, cuando en realidad sólo es en apariencia.

Cambiar el sistema tradicional al sistema acusatorio ha traído complicaciones, porque no se puede adaptar un sistema que viene de Estados Unidos a la realidad mexicana. Es bueno en la teoría, pero en la realidad se convierte en una puerta giratoria. La gente en México no cumple de la misma forma que en las cortes de Estados Unidos los compromisos que hace con los jueces, porque no hay una infraestructura que los obligue a cumplir con ellos.

La idiosincrasia del mexicano es parte de la problemática. Les dan la oportunidad de llegar a un acuerdo, pero el mexicano no lo cumple.

También queda evidenciada la responsabilidad de las autoridades. Dijeron que iban a prepararse para adaptarse al nuevo sistema y estamos viendo que no hay investigación por parte de la policía, del Ministerio Público. Con el nuevo sistema, el juez se dedica simplemente a calificar la actuación de las policías y del Ministerio Público y, con la intención de no detener a inocentes, están permitiéndole mucha libertad a los infractores. 

Y, lo último, es cómo las organizaciones criminales se han venido aprovechando de estas deficiencias para seguir con el negocio de la distribución de drogas.

Antes, las organizaciones criminales estaban enfocadas particularmente en el trasiego. Hoy, aunque no se compara con las ganancias que deja a los grupos criminales la exportación de narcóticos, el narcomenudeo se ha convertido para ellos en una fuente cada vez mayor de recursos.

A ellos no les importa que sigan matando a los jóvenes que venden droga, porque inmediatamente consiguen otros distribuidores por las buenas o por las malas. Todo esto tiene un enorme costo para la sociedad. 

¿Hubo algo que no pudieron averiguar durante su investigación?

Daniel: Nos costó mucho trabajo comprobar que efectivamente se diera la atención médica que deben recibir las personas detenidas. Dentro de las escasas pruebas que suele presentar el MP cuando lleva a un detenido frente al juez, está el examen toxicológico. A casi todos los detenidos se les reconoce un problema de adicción y los jueces dan la orden de que reciban atención médica. Pero está tan claro que no hay cómo hacerlo. A algunos los mandan al Instituto de Salud o al Instituto de Psiquiatría, otros jueces simplemente dicen que los turnen a las instituciones correspondientes. Ni siquiera ellos saben adónde deben enviar a estas personas para recibir atención médica como lo ordena la ley. No hay evidencia que pruebe que estas personas están recibiendo la atención para tratar su adicción.

Vicente: Necesitaríamos conocer más la perspectiva de los propios adictos que se convierten en vendedores por necesidad y ese fue un problema. No hay mucha gente dispuesta a hablar sobre el narcomenudeo y la gente que te habla lo hace con mucha reserva. Hay en ese sentido un estigma y tiene que ver con que la ciudad tenía tres años consecutivos rompiendo su propio récord de homicidios y cuando le preguntaban a la autoridad, la autoridad decía: “pues es que 80, 90 por ciento de los homicidios tienen que ver con narcomenudeo”. No todos quieren hablar.

Ese entorno, alrededor del narcomenudeo, nos impidió entender más cómo ven el fenómeno los propios afectados, los jóvenes que terminan entrando y saliendo por la puerta giratoria de este sistema sin realmente tener muchas alternativas.

¿Si pudieran volver a empezar, qué harían diferente?

Daniel: Reforzaría el manejo de bases de datos, que son muy necesarias en un proyecto de este tipo. Las bases de datos te ayudan a darle una dimensión distinta al trabajo. Si bien pudimos obtener la información vía transparencia, el manejo de las tablas no lo teníamos tan desarrollado y en este caso fue muy valioso el apoyo que recibimos.

Vicente: Dedicaría más de tiempo a la preproducción, a la coordinación con el Border Hub, para saber cómo tendríamos que cuadrar nuestra propuesta para ajustarla a la metodología que requieren. Al principio, plantear la hipótesis fue algo que se nos complicó y que nos consumió mucho tiempo. Si hubiéramos dedicado más tiempo al trabajo conjunto, hubiera sido todo más fácil y hubiéramos podido tener un mayor alcance. En general, creo que el texto hace aportaciones interesantes.  

A partir de los aprendizajes que les dejó este trabajo, qué recomendaciones harían a otros integrantes del Border Hub que están haciendo investigación.

Daniel: Hacerlo, buscar estas oportunidades. Siempre que vamos a un curso, entre los colegas nos reímos porque sabemos que un proyecto de este tipo implica tiempo adicional, cuando normalmente estamos cargados con la agenda del día. Pero vale mucho la pena. Aprovecho para agradecerle a los medios en los que colaboro porque me dieron ese tiempo, la oportunidad de hacer mi trabajo diario y, al mismo tiempo, dedicarle tiempo a la investigación. Para quienes tienen el interés, mi recomendación sería buscar este tipo de oportunidades, hay que hacerlo.

Vicente: Yo les diría que insistan en conseguir estos apoyos. No habríamos podido hacer algo similar a lo que hicimos si no tuviéramos el respaldo multidisciplinario que tuvimos por parte del Border Hub. También les sugeriría que busquen a gente que les ayude a lidiar con asuntos que a veces son complicados para los reporteros, como los temas de administración o control de gastos. Eso permitiría a los reporteros liberar un poquito de tiempo y energía para podérselo dedicar al trabajo periodístico.

El resultado que obtuvimos es mucho mejor a lo que nosotros esperábamos. Cuando recibimos las bases de datos no sabíamos cuánto se podía hacer con ellas y creo que la aportación de Daniela, en ese sentido, de Kowanin en la edición y de todo el resto del equipo nos permitió ver que puedes tener la información, pero el trabajo en equipo te da un alcance mucho mayor.

¿En una escala de 1 a 10 cuán satisfechos están con el resultado final?

Vicente: Nunca quedó totalmente satisfecho, pero sí creo que es una gran aportación. Pondría 9, para no volarnos mucho, pero creo que es un trabajo que puede aportar a un análisis diferente del problema gracias al ejercicio periodístico.

Daniel: Sin duda un 9, por esos temas a los que debimos dedicarles más tiempo, siempre hay espacio para mejorar, creo que un 9 sí nos merecemos.

FIN

 

Vea el reportaje Tijuana: Zona libre para el narcomenudeo en:

https://www.borderhub.org/noticias-especiales/tijuana-zona-libre-para-el-narcomenudeo/